Los denominados contratos de arrendamiento de vivienda de renta antigua, es decir, aquellos que fueron celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, les es de aplicación lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 en vigor.

En el apartado 10.3 de la citada disposición se establece el derecho por parte del arrendador a repercutir al arrendatario los gastos de las obras de conservación necesaria, que afecten tanto a elementos privativos de la finca como a elementos comunes de la edificación (cubierta, fachada, bajantes…).

Respecto a los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 1 de julio de 1964, el Legislador prevé el derecho a incrementar la renta en un importe anual equivalente al 12% del coste total de la obra, con el límite del 50% de la renta anual que se venga abonando en el momento de la repercusión, siempre y cuando se trate de una obra de conservación ejecutada a iniciativa del arrendador, y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 108 TRLAU 64.

Si la obra de reparación necesaria viene impuesta por resolución judicial o administrativa firme o solicitada por el arrendatario, el arrendador deberá aplicar la regla de repercusión contenida en la mencionada Disposición Transitoria Segunda, esto es, sumando al capital invertido el interés legal del dinero calculado para el periodo de cinco años, debiendo ser satisfecha por el arrendatario la cantidad total resultante anualmente un 10%.

Respecto a los contratos de arrendamiento celebrados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1965 y el 9 de mayo de 1985, el arrendador podrá repercutir al arrendatario el gasto de la obra necesaria, aplicando las reglas de cálculo de la precitada Disposición Transitoria Segunda, únicamente en el supuesto de que estas hubieran sido impuestas por resolución judicial o administrativa firme, y ello de conformidad con resolución de Sentencia de 30 de octubre de 2013 del Tribunal Supremo.

En el supuesto que las obras de conservación afecten a más de una vivienda, el coste íntegro de los trabajos de reparación serán repartidos en proporción al coeficiente de participación que le correspondiera, si el edificio estuviera sometido a régimen de propiedad horizontal, división horizontal. En el supuesto contrario se repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios, y en su defecto, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada, siendo está última fórmula la única posible si el arrendador hubiera optado por repercutir el gasto aplicando lo dispuesto en el artículo 108 TRLAU 64.

Todo ello salvo mejor opinión.

Macarena Redondo y Miguel Muñoz. Abogados

 

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